Resumen
Guatemala emitió 31.40 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente
(CO2-eq) en el año 2005, según el inventario nacional oficial; de este total de
emisiones, cinco actividades generan tres cuartas partes: la conversión o corte
de bosques para establecer cultivos o pastos para la ganadería (26 %), la
quema de combustibles para el transporte de personas, productos y mercancías
(18 %), el manejo y fertilización de los suelos agrícolas (14 %), el manejo del hato
ganadero (9 %) y la quema de combustibles para la producción energética (9 %).
Las emisiones de Guatemala son muy bajas si se comparan con las emisiones
mundiales; la información del Banco Mundial indica que, al año 2012, equivalían
al 0.06 % de las emisiones globales. Si son tan bajas, ¿por qué debemos mitigar?
Porque la mitigación (reducción de emisiones de gases de efecto invernadero)
es la única forma de abordar la causa del calentamiento global y del cambio
climático a largo plazo. Pero adicional a la reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI), la mayoría de las acciones de mitigación generan
otros beneficios o cobeneficios, que pueden contribuir a reducir la vulnerabilidad
y mejorar la adaptación del país. Por ejemplo, al reducir la deforestación y la degradación
de los bosques, se obtienen impactos positivos, como la reducción de la erosión de los
suelos, el mantenimiento de la capacidad de regulación del ciclo del agua y la protección
de la diversidad biológica, por citar algunos beneficios.
Guatemala, como signatario del Acuerdo de París, está comprometido a reducir sus
emisiones. En ese sentido, propuso una Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC,
por sus siglas en inglés) con el compromiso de reducir, con recursos propios, el 11.2 % de
las emisiones de GEI proyectadas al año 2030 y, en el caso de contar con apoyo técnico y
financiero internacional, podría comprometerse a reducir hasta el 22.6 % de las emisiones
para el mismo periodo.
Guatemala tiene una historia de más de 20 años en acciones de mitigación, pero los
resultados obtenidos no han logrado reducir la tendencia de las emisiones de GEI de forma
sustancial. Los principales avances se observan en el ámbito político, con la instalación
del Consejo Nacional sobre Cambio Climático (CNCC) y la elaboración del Plan de Acción
Nacional de Cambio Climático (PANCC). A la fecha, sin embargo, este documento no ha
podido orientar la política pública y, especialmente, las asignaciones presupuestarias
necesarias para abordar la temática de cambio climático.
Adicionalmente se han desarrollado otras propuestas nacionales, como la Estrategia
Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones de Gases de Efecto Invernadero; las
Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA, por sus siglas en inglés),
de uso sostenible y eficiente de leña y ganadería sostenible; la Estrategia Nacional para
el Abordaje de la Deforestación y Degradación de los Bosques; y otras acciones de
carácter local. Entre estas últimas, sobresalen los proyectos de Reducción de Emisiones
por Deforestación y Degradación (REDD+) y proyectos inscritos en el mercado regulado
(Mecanismo de Desarrollo Limpio) o en los mercados voluntarios (como Verified Carbon
Standard, VCS).
